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La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” calificó como retrograda la decisión de la ecretaría de Educación Pública (SEP) de ocultar información.
A principios del mes, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) se dio a conocer que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pilar en la divulgación sobre la actividad nacional, dejará de publicar información educativa por solicitud de la propia SEP.
Entre los datos que la ciudadanía ya no conocerá, pues estos dejarán de ser proporcionados por la SEP al Inegi destacan los resultados de evaluaciones, características de la infraestructura educativa y nóminas magisteriales. Dichos datos ya no serán catalogados como Información de Interés Nacional (IIN) del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).
Al respecto, Adán Márquez Vicente, dirigente nacional de la FNERRR reprobó la decisión y agregó que la organización estudiantil se une a la denuncia que han hecho otras organizaciones como Mexicanos Primero; “la falta de información es retrógrada para contrarrestar la crisis educativa, pues sólo es perfectible lo que es medible”, sentenció. Además, dijo que la decisión afectará todavía más porque no habrá información para conocer los problemas educativos y diseñar políticas que realmente combatan la crisis educativa que vive el país.
“Y es que, sólo de conocer los últimos datos oficiales queda claro que debemos exigirles a los tres niveles gobierno una mejor educación, cobertura e infraestructura, implementada mediante políticas transparentes y no a través de programas clientelares que resulten con opacidad financiera”, agregó.
La FNERRR sostiene que los problemas educativos deben conocerse y atenderse a nivel nacional. Los problemas de falta de infraestructura y su mantenimiento, como Sinaloa donde se ha reducido el número de escuelas en educación media superior y superior, entre 2017 y 2018, según datos de la SEP y Gobierno Federal; además, alrededor del 56% de los planteles educativos tienen problemas con su infraestructura (SEPyC, 2022). La materialización del derecho a la educación gratuita sigue sin efectuarse, casos como Monterrey donde la educación es de las más caras a nivel nacional, ya que, según el portal Roomgo, un estudiante ocuparía entre 9 mil 510 pesos mensuales en promedio, entre transporte, material y comida, además de las colegiaturas. Y el rezago educativo que durante la pandemia se agudizó, teniendo estados como Chiapas donde el grado de escolaridad es de apenas 7.8, lo que equivale apenas al 5to grado de primaria (INEGI, 2020).
“Estos últimos datos son sólo un reflejo de lo que falta por mejorar en cuánto a educación y política pública, y son datos que el Gobierno Federal quiere ocultar”, sentenció el dirigente estudiantil.
La acción de ocultar datos de educación es turbia, porque no brindará claridad de las necesidades nacionales para la implementación de políticas públicas adecuadas y, además, porque se atropella el derecho a la información, asimismo como retrógrado, porque es un retroceso histórico no dar a conocer la realidad educativa para exigir que se mejore, reiteró.
“No podemos permitir que decisiones como estas se queden en el silencio, los estudiantes debemos organizarnos y exigir pacíficamente que se brinde el derecho a la educación en todos sus niveles, que se conozcan las estadísticas oficiales de todos los estados y que estás permitan mejorar la educación en México; hay mucho por corregir”, finalizó.
