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Los Jóvenes que en días pasados fueron agredidos física y verbalmente por el dueño de Grúas de Quintana Roo al reclamarle los cobros excesivos, ya interpusieron su denuncia ante el Instituto de Movilidad de Quintan Roo (INMOVEQROO) y la Fiscalía General del Estado (FGE), con la esperanza de que se atienda su caso y se sancione a la empresa y su propietario Said Salim Marrufo Muza.
Verónica López y Gerardo Díaz afirmaron que se tuvieron que pagar 2,000 mil pesos por el servicio de grúa y 100 pesos por dos días de corralón, posteriormente solicitaron un recibo de pago y un desglose del cobro del servicio de grúas, lo cual les fue negado porque les dijeron que no dan comprobantes, lo cual pone en evidencia un presunto fraude y evasión fiscal.
“Ya demandamos por daños y lesiones en la fiscalía y hoy en Inmoveqroo venimos por el tema del cobro excesivo y por el tema de que no dan comprobante de pago, lo cual es muy sospechoso porque no tenemos como defender o comprobar cuanto pagamos, solo nos dieron un papel de liberación del vehículo, ellos no comprueban el gasto porque no te dan ni recibo, todo es en efectivo”.
Al reclamarle lo que consideraron injusto, el empresario se comportó agresivo y le propinó varias patadas a Gerardo Díaz, acto que quedó grabado por los afectados.
Said Salim Marrufo Muza quien presume tener influencias políticas y poder comprado con dinero, ha logrado hacerse de una fortuna, enriqueciéndose con la complacencia de las autoridades al mantener un negocio redondo con la Secretaría de Seguridad Pública, con quien tiene convenio para transportar los vehículos que son retenidos en los retenes que instalan los elementos de tránsito.
“Cuando nos íbamos me dice no saben con quien se meten, no te agredo solo porque eres mujer y porque las leyes las están protegiendo mucho, él ya se había pasado con sus palabras, ya me había tratado de unos tontos ignorantes que le hagamos como podamos, que somos pendejos y que le vale madres, ya después vuelve y agrede a patadas, yo vi que sus empleados se metieron y no pudimos hacer nada, ni defendernos eran 5 o 6 contra nosotros, al final nos dijo no sabes ni con quien te estas metiendo, arrancó y se nos pegó y empezó a tomar fotos o videos para intimidarnos”.
Los afectado aseguraron que los precios del servicio de arrastre son excesivos y en esta ocasiones fueron alterados, ya que por un trayecto menor a los 16 kilómetros les cobraron más de dos mil pesos, además su vehículo resultó dañado por el arrastre de la grúa, lo cual se también se niega a reconocer la empresa denunciada.
Aseguran que llegarán hasta las últimas consecuencias por lo cual también invitaron a la ciudadanía que haya pasado por la misma situación a interponer su denuncia ante las autoridades competentes y así evitar que la empresa continúen afectando los bolsillos de los chetumaleños y sobre todo que este tipo de personas sigan embolsándose ganancias millonarias “estafando” a la ciudadanía y evadiendo al fisco, ya que no emite comprobantes de cobro y mucho aceptan pago con tarjeta o transferencia bancaria, solo efectivo.
También levantarán una queja ante la PROFECO de manera digital para que se le dé seguimiento a las irregularidades señaladas.
Verónica López, reconoció tener temor por cualquier represalia, por lo que hace responsable a Said Salim Marrufo Muza de cualquier cosa que le pueda pasar a su persona, a la de su pareja Gerardo Díaz y a su familia, ya que recibió varias amenazas.
“Sé que es influyente el dueño de las grúas con quien tiene convenio con seguridad pública y tememos que nos haga algo, por eso lo hacemos responsable de lo que nos pueda pasar a mí y mi familia, no tenía por qué comportarse así de agresivo cuando solo pedimos nos explicara y aclare los cobros y que también viera el daño de la camioneta pero en lugar de eso empezó con agresiones verbales y luego con patadas”.
De igual manera acudirán ante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) quien es la autoridad que también regula el tema de las tarifas.
Tras interponer su denuncia en el INMOVEQROO, pidieron informes del tiempo que tendrán que esperar para tener una respuesta, sin embargo al no encontrase el titular Jorge Pérez Pérez y mucho menos algún funcionario de alto nivel, fueron atendidos por la responsable de comunicación social, quien se comprometió a darle seguimiento al tema.
Comentaron que las autoridades están obligadas a revisar las concesiones entregadas a estas empresas y de no cumplir con lo establecido en la misma ley, sancionar y en su caso hasta revocar dicha concesión.
