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El rostro que exhibió fue de pálido profundo. Sin libertad, esposado con las manos por delante, con chaleco azul antibalas y custodiado por tres policías panameños, Roberto Borge Angulo apareció en la sala —un escenario de sillas negras y paredes blancas— donde se empezó a definir si es extraditado a México.
Viste pantalón azul oscuro, una camisa blanca con cuadros azules y rojos, medias grises y zapatos café, ingresó a las 14:28 horas locales (mismo tiempo del centro de México) a la sala donde, dos minutos más tarde, entró en sesiones el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Circuito Judicial de Panamá.
Él fue el penúltimo en ingresar. A la derecha del salón, sentado, le esperó el panameño José Antonio Candanedo, jefe de la Fiscalía de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de Panamá y a cargo de conducir el ataque en su contra.
A la derecha le aguardó su equipo de abogados defensores, los panameños Carlos Carrillo y Arturo González (especialistas en métodos de extradición), y cuatro mexicanos a los que se saludó luego de que los vigilantes le despojaron de las esposas y del chaleco.
Junto a ellos, apenas sonrió. Se le notó frío. El pálido que se reflejó en su semblante le hizo lucir como consumido por la angustia.
Con los seis se reunió desde las 13:41 en otra sala para tratar de preparar su defensa y a la que le llevaron tres botellas de agua a las 14.23.
A las 14:30 horas arribaron, por una puerta del fondo del salón, los jueces Yiles Pittí, presidenta del tribunal, Gretta Marchosky y Adrián Hernández. Allí se instalaron en la tribuna central para abrir el proceso y a todos —fiscal, defensores y requerido— pidieron identificarse.
A una pregunta directa de Pittí sobre su filiación, le dijo “honorable” y contestó que es “licenciado” (pero sin decir que en administración de empresas), que nació en Cozumel, Quintana Roo, el 29 de diciembre de 1979, y que su número de pasaporte mexicano es G22394144.
Concluida esa ronda, comenzó a escuchar a Candanedo y empezó a conversar con Carrillo y a hablar en sigilo con algunos de los cuatro mexicanos ubicados a sus espaldas.
Basado en documentación que la Procuraduría General de la República (PGR) aportó a la procuraduría panameña para sustentar la captura del ex gobernador de Quintana Roo, oyó a Candanedo asegurar que el daño que cometió con la desincorporación de bienes estatales, contratos irregulares y distintos negocios con precios definidos de manera “unilateral y arbitraria” y en hechos que se atribuyen durante su gestión de 2011 a 2016, se calcula en 167 millones de pesos mexicanos.
