Auditoría Forense revisará cuentas bancarias de funcionarios y hasta de los particulares relacionados con actos de corrupción: Se busca combatir el fraude bancario y la triangulación de recursos  públicos

El titular de la Auditoría Superior del Estado, Manuel Palacios Herrera, reveló ya cuentan con la facultad para revisar las cuentas personales de funcionarios públicos, gubernamentales y hasta de los particulares de quienes se sospeche estén relacionados con actos de corrupción.

Señaló que con este nuevo esquema se pretende combatir el fraude bancario y la triangulación de recursos  que dañen el erario público del Gobierno de Quintana Roo.

Estas cuentas podrán ser revisadas en tiempo real por medio de una Auditoría Forense sin esperar autorizaciones externas y burocráticas, esto tras las complicaciones presentadas en la revisión de cuentas públicas del sexenio del ex gobernador Roberto Borge Angulo donde se encontraron diversos desfalcos millonarios.

“Esto sin duda si se llegase a encontrar algún fraude algo que tenga que ver con este tema es donde entra la modalidad de auditoria forense y es ahí donde entra desde la propia revisión, ya está en marcha ya está funcionando como tal iría de manera paralela en los trabajos mismos de la fiscalización”.

Manuel Palacios, señaló que ya se cuenta con un auditor forense certificado en los Estados Unidos  que atenderá todo este tipo de irregularidades en la administración gubernamental   que causan un daño patrimonial a las arcas del estado y que además fungirá de apoyo en los trabajos de fiscalización que realiza este órgano fiscalizador en la entidad.

“Es un área que recién estamos creando afortunadamente en la Aseqroo con los cambios nacionales se generó una convocatoria es importante señalar decirlo somos la una institución fiscalizadora del estado que cuenta con el primer miembro certificado y cuando hablamos de auditoria forense no es un certificado autorizado en el país es certificado por el gobierno de los Estados Unidos”.

Añadió que han propuesto como ente fiscalizador local ante la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización que como entes locales  se  les permita comunicarse  de manera directa con las instituciones financieras  y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando se detecte  alguna situación de fraude y sea esta instancia quien les brinde la información pertinente cuando se haya detectado fraude sobre todo en transacciones financieras.