La Extorsión se Padece Incluso al Tratar de Acceder a Servicios Gubernamentales
Con la intención de frenar la violencia sexual digital, la diputada federal por Quintana Roo, Anahí González Hernández, propuso imponer una penalidad de dos a seis años de prisión y de 100 a 400 días de multa a quien, empleando cualquier tipo de violencia, amenace o coaccione a otra persona mayor de 18 años con divulgar, compartir, distribuir o publicar imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual, sin su consentimiento, aprobación o autorización.
La iniciativa la presentó conjuntamente con el legislador de Quintana Roo por el patido Morena Alberto Batun Chulim y la diputada poblana, Julieta Kristal Vences Valencia, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.
La legisladora argumentó que este tipo de violencia sexual digital, denominada por la ONU como “sextorsión” vulnera múltiples derechos humanos de la víctima, bienes jurídicos tutelados por el marco constitucional mexicano y múltiples derechos humanos de las víctimas.
Advirtió a las y los jóvenes sean cuidadosos porque este tipo de imágenes y videos circulan sin su autorización en redes, ya sea por venganza o simple comercio sexual digital.
Esta conducta antisocial vulnera y transgrede la intimidad, privacidad, la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la propia imagen y al honor de las personas.
Planteó en su iniciativa que lamentablemente, “una de cada cinco personas atraviesa situaciones de “sextorsión” o “extorsión sexual” al intentar acceder a un servicio gubernamental”.
Igualmente recordó que en diversos países del mundo se realizan acciones de gobierno orientadas al combate y la prevención de la “sextorsión”, destacando Estados Unidos de América, donde el FBI (Buró Federal de Investigaciones) realizado campañas de concientización sobre esta conducta antisocial entre jóvenes norteamericanos.
Recientemente, en Estados Unidos, el FBI detuvo a Richard Finkbiner, quien contaba con más de 22, 000 videos e imágenes de naturaleza sexual con los que extorsionaba a muchas personas jóvenes, ilícito del cual fue declarado culpable por lo cual está pagando una pena de más de 50 años de prisión.
Finalmente, la diputada Anahí González Hernández señaló que conforme a la propuesta, se modifica el Código Penal Federal, añadiéndole Delitos contra la Privacidad de la Información Sexual y Violación a la Intimidad Sexual, especificando que “a quien, empleando cualquier tipo de violencia, amenace o coaccione a otra persona mayor de dieciocho años… con el objetivo de obtener un lucro o beneficio de cualquier naturaleza, se le impondrá una pena de 2 a 6 años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa.”