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DICTADURA EN TRÁNSITO

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Por Brasil Acosta
 
Dictadura en tránsito, así la llamó el doctor Abel Pérez Zamorano; y tiene razón. No es aún una dictadura plena, pero se halla en tránsito. A quienes pacientemente nos leen, voy a participarles algunos hechos que lo demuestran.
El primero es la centralización del poder, de las decisiones y las violaciones flagrantes a la Constitución; entre éstas destaca el intento de prolongar el periodo de funciones de Arturo Zaldívar, ministro-presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); la modificación de la famosa Ley de Extinción de Dominio, con la que mediante la amenaza de quitar propiedades a los individuos se pretende controlarlos;la modificación al Artículo 19°, que incrementa el número de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, un instrumento idóneo para encarcelar a los enemigos del gobierno con cualquier imputación, y que se rechazó en el Congreso de la Unión.
Todo se ha concentrado en la figura presidencial, hasta las ocurrencias, como aquella propuesta absurda de tirar la Estatua de la Libertad de Nueva York, porque según AMLO no existe libertad en Estados Unidos (EE. UU.). Con esta misma lógica, el Presidente podría ordenar el derribo del Ángel de la Independencia, porque la economía de México no es independiente como se pregona, y porque depende mucho de la del vecino país del norte. Pero no hay que perder el tiempo en este tipo de nimiedades que solo buscan distraer la atención del pueblo mexicano para evitar hablar de los grandes problemas nacionales.
Entre las decisiones centralistas del Presidente destacan la de eliminar las estancias infantiles, los refugios para mujeres maltratadas, el Seguro Popular, las medicinas para niños con cáncer, los apoyos en obras y servicios urbanos básicos en las comunidades marginadas, los recursos para el mantenimiento de carreteras, etc.; la política de “abrazos, no balazos”, que ha generado más muertes violentas que en los sexenios anteriores, y que diariamente demuestra su fracaso. También destacan la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), que estaba construyéndose en Texcoco; y la decisión de centralizar gran parte de los recursos financieros del Estado en tres obras inútiles: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas que fue inaugurada sin que aún refine gasolina; y el Aeropuerto Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía, que fue inaugurado hace varios meses y ahora solo realiza 12 vuelos al día.
Buena parte del dinero, además, se ha concentrado en los famosos programas sociales del Presidente, fundamentalmente electoreros, pues no sacan a la gente de la pobreza. En 2016, el 67 por ciento de los hogares en pobreza extrema recibía al menos un programa social; y en 2020, ese porcentaje se redujo al 43 por ciento, lo cual evidencia que este gobierno no ayuda a los más pobres (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad).
La centralización del poder practicada por el Presidente de la República atropella y coarta los derechos de los mexicanos más pobres; incluso, lo más lamentable, la aplican también algunas autoridades estatales y municipales. Citaré tres hechos:
Primero, el gobierno de Hidalgo tiene encarcelado injustamente a nuestro compañero Domingo Ortega Butrón por protestar en 2019 contra la Secretaría de Movilidad (SMH). Lo acusan de afectar las vías de comunicación (y no sabemos cuántas cosas más para mantenerlo cautivo). Su captura se ejecutó mediante una coartada, ya que Ortega fue citado para “resolver la entrega de dos unidades retenidas” de esa dependencia y ahí fue detenido por la policía ministerial para, posteriormente, ser vinculado a proceso por un juzgado que además le ha negado la libertad condicional porque, según la fiscalía, fue detenido “en el lugar de los hechos” y es un “riesgo social”. ¡Hágame usted el favor, amable y paciente lector! ¡En Hidalgo hay que tener mucho cuidado, porque si te llaman a negociar pueden detenerte con base en una acusación falsa, como le sucedió a Domingo!
Segundo. En Ecatepec de Morelos, Estado de México, el presidente municipal morenista Fernando Vilchis ha decidido no resolver los problemas de las comunidades más rezagadas del municipio más poblado de América Latina. Entre éstas se halla la Laguna de Chiconautla, que se inunda porque carece de un cárcamo y un sistema de drenaje adecuados, lo cual provoca que sus habitantes sufran infecciones generadas por las aguas sucias y pestilentes. Además, los colonos no tienen red de agua potable, dependen del servicio de pipas; y el gobierno municipal, en lugar de atender las peticiones de los compañeros antorchistas, los reprime: en solo una semana han sido detenidos cuatro de ellos por manifestar públicamente sus ideas y distribuir volantes en los que demandan estos servicios básicos, actitud represiva que violenta sus derechos. No está bien romper el termómetro que marca 40 grados de temperatura con la creencia de que, con ello, va a curarse el enfermo. El alcalde de Ecatepec puede encarcelar a nuestros compañeros por denunciar la falta de agua y drenaje en La Laguna; pero su detención no resolverá la falta de agua y drenaje. Por ello, llamo a los vecinos a unirse, organizarse y luchar con base en sus derechos constitucionales de petición, organización y manifestación pública de sus ideas, hasta lograr que se destinen los recursos necesarios y resolver los problemas.
Tercero, En un acto de discriminación y violación a los principios constitucionales, el Ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, en la página 38 de su Plan de Desarrollo Municipal (PDM), consigna la siguiente frase: “la llegada al municipio de organizaciones como antorcha campesina (sic) que, con miles de personas han incrementado de manera importante la necesidad de fuentes de empleo, bienes y servicios”. Se trata de una discriminación, pues además de los derechos al libre tránsito y al de fijar libremente su residencia, los mexicanos tienen derecho constitucional a la vivienda, que no puede coartarse solo porque se unan a una organización social que actúa con fines lícitos y pacíficos. También es importante aclarar que, según diversos conteos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en los últimos 10 años, la población de Texcoco ha aumentado en 42 mil 411 habitantes, ya que en 2005 tenía 209 mil 308; en 2010, según el censo, 235 mil 151 (es decir, 25 mil 843 más) y en el censo de 2020 registró 277 mil 562 habitantes. ¿Ese crecimiento es responsabilidad de Antorcha? No, por supuesto; y lo que afirma ese documento oficial del Ayuntamiento de Texcoco es una mentira con la que, además de discriminar a la gente que decide organizarse libremente, se violentan sus derechos constitucionales. En el colmo de la arbitrariedad, un bando municipal establece sanciones a quien “se encuentre volanteando y/o repartiendo propaganda y no muestre el permiso, licencia o autorización de la autoridad competente”. Esta disposición municipal contraviene el Artículo 6º. de la Constitución, que a la letra advierte: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”.
Los actos arriba citados demuestran la existencia de una dictadura en tránsito que ahora intenta limitar el ejercicio de varios de nuestros derechos, entre ellos el de expresar de manera legítima nuestras ideas y que sirve, entre otras cosas, para inconformarnos contra las malas decisiones de los gobiernos. Éstos son algunos de los elementos que prueban la existencia de una dictadura en ciernes y que nos llevan a recordar que la única forma de evitar que este proyecto se concrete es que el pueblo se organice y luche decididamente, pues solo la fuerza del pueblo organizado es capaz de detener a la dictadura y construir una sociedad más justa, más libre, más soberana y más democrática.
 

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